Cómo se legaliza en España una empresa de limpieza de fachadas con drones
Legalair ha diseñado y ejecutado el proceso completo de implantación en España de un operador de drones de limpieza de fachadas procedente de Francia: desde la ingeniería regulatoria ante AESA hasta la marca con la que ha salido al mercado. La compañía ya opera en territorio español.
Hay proyectos que parecen un trámite y son un proyecto. Cuando un operador francés de drones de limpieza de fachadas nos planteó traer su actividad a España, el encargo sonaba sencillo: “tenemos el dron, tenemos la licencia francesa, queremos trabajar en España”. El expediente acabó destapando un dron que no estaba donde debía, un peso que no era el que anunciaba el fabricante en su web y un seguro que no cubría lo que todo el mundo daba por cubierto. Hoy la empresa opera en España con su expediente reconocido por AESA. Este es el relato de cómo se convirtió una intención en una compañía que factura.
Un punto de partida engañosamente sencillo
El cliente llegaba con las credenciales en regla: registro de operador ante la DGAC francesa, declaración operacional bajo el escenario estándar europeo STS-01 en vigor hasta 2028, formación práctica acreditada y dos aeronaves, un dron de pulverización de alta presión para fachadas y cubiertas y un multirrotor ligero para inspecciones visuales. Sobre el papel, un operador europeo con todo hecho.
El primer trabajo de Legalair no fue tramitar, sino leer. La normativa de drones es común en toda la Unión desde el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, pero cada Estado añade su propia capa: en España, el Real Decreto 517/2024 regula el seguro obligatorio, las zonas geográficas UAS, el entorno urbano y la coordinación con el resto de administraciones. Y hay un detalle que ha cambiado el mercado español y que mucha gente todavía no ha asimilado: los escenarios estándar nacionales STS-ES, que permitían volar en ciudad con drones sin marcado de clase, dejaron de admitir nuevas declaraciones en agosto de 2024 y expiraron a finales de 2025. Desde 2026, en España solo caben los escenarios europeos, que exigen un dron con clase C5 o C6, o bien una autorización operacional con evaluación de riesgos. Para un operador con un dron de clase, eso es una ventaja competitiva; para la mayoría del sector, una barrera.
El hallazgo: la licencia amparaba al dron equivocado
La revisión documental dio el primer susto. El certificado de situación emitido por la DGAC incluye un anexo con la lista de aeronaves declaradas para cada escenario. Al abrirlo, la declaración STS-01 del cliente amparaba únicamente su dron anterior, un modelo más pequeño. El aparato con el que pensaba trabajar en España, adquirido meses después, figuraba inscrito en el registro francés de aeronaves, pero nadie lo había añadido a la declaración operacional.
Son dos trámites distintos que se confunden con facilidad: registrar un dron es matricularlo; declararlo para un escenario estándar es habilitarlo para operar bajo él. Si el expediente se hubiera presentado tal cual ante AESA, España habría reconocido una declaración que no cubría el dron que iba a volar. El resultado habría sido una empresa operando de forma aparentemente legal, con un seguro que en un siniestro habría tenido argumentos para no pagar. Detectarlo a tiempo obligó a un trámite adicional en Francia y retrasó el calendario unos días. No detectarlo habría costado mucho más.
La vía corta: reconocimiento en lugar de empezar de cero
La segunda decisión de calado fue estratégica. La reacción instintiva al implantarse en otro país es tramitarlo todo de nuevo. Legalair planteó la vía del artículo 13.3 del Reglamento 2019/947: un operador que ya ha declarado un escenario estándar en su Estado de registro puede solicitar que la autoridad del país de destino reconozca esa declaración, en lugar de presentar una nueva. El ahorro no es menor. Evita redactar y validar un manual de operaciones desde cero, permite empezar a trabajar en España mientras se constituye la sociedad y mantiene la coherencia del expediente entre los dos países.
Ejecutarlo exigió recorrer un camino que la Sede Electrónica de AESA no pone fácil a un no residente: alta de usuario sin certificado digital español, identificación electrónica por la vía prevista para extranjeros, validación del registro de operador de otro Estado miembro con firma electrónica, alta de un representante autorizado en España para que la gestión no dependa de la disponibilidad del titular, y por fin la solicitud de reconocimiento de la declaración europea. Cada uno de esos pasos tiene su propia pantalla, su propio requisito previo y su propia forma de bloquearse si el anterior no está cerrado.
Un dron que no existía en España
Al intentar dar de alta la aeronave en la aplicación de AESA apareció el tercer obstáculo: el modelo no figuraba en la base de datos española. Los fabricantes grandes están todos; un constructor europeo especializado, no necesariamente. Legalair preparó y presentó la solicitud de alta del modelo con la ficha técnica completa, el manual de usuario del fabricante, la declaración UE de conformidad de clase C5 y la documentación fotográfica, hasta lograr que el aparato quedara incorporado al registro español. Un efecto colateral interesante: a partir de ahora, cualquier otro operador español que compre ese modelo se lo encontrará ya disponible.
El detalle de los 24,9 kilos
El cuarto hallazgo llegó leyendo el manual del fabricante línea a línea. La ficha comercial del dron anunciaba diez kilos, y así se había asumido en todas las conversaciones previas. Pero esos diez kilos eran la carga útil: la masa máxima al despegue real es de 24,9 kilos. La diferencia no es anecdótica, porque el umbral de los 20 kilos cambia el régimen de seguro obligatorio. Por debajo se aplican las cuantías del Real Decreto 37/2001; por encima entra el Reglamento (CE) 785/2004, con una cobertura mínima sensiblemente superior.
Ese mismo análisis destapó el problema de fondo del seguro. El operador disponía de una póliza de responsabilidad civil profesional que cubría su actividad de limpieza, desmusgado y aplicación de productos. Lo que casi nadie lee es el párrafo en el que la propia aseguradora advierte de que ese contrato no garantiza los daños causados por el dron, porque eso corresponde a una póliza específica de responsabilidad civil de navegación aérea. Dicho de otro modo: si el agua a presión estropea la fachada, paga la póliza que ya tenía; si el dron cae sobre la acera, no paga nadie. Legalair definió la arquitectura de coberturas necesaria, con las dos pólizas complementarias, los límites exigibles en España y la garantía de daños propios sobre un equipo de más de veinte mil euros.
Del expediente a la calle
Un expediente impecable no factura. La segunda mitad del trabajo de Legalair ha sido construir la empresa como negocio: la forma jurídica y el itinerario de constitución de la sociedad española, el epígrafe de actividad, las obligaciones de prevención de riesgos laborales propias de una empresa de limpieza, el tratamiento de los productos biocidas e hidrófugos y sus vertidos, y el encaje de protección de datos de las imágenes captadas sobre edificios habitados.
Y junto a eso, la marca. Legalair desarrolló la identidad con la que la compañía se presenta en España, desde el naming y el sistema visual hasta la web corporativa, con un mensaje construido sobre el argumento que realmente mueve a un administrador de fincas: limpiar una fachada sin andamios, sin ocupar la vía pública durante semanas y sin exponer a nadie a trabajos en altura. Sobre esa base se articuló la captación comercial B2B, orientada a administradores de fincas, comunidades de propietarios y naves industriales edificios públicos de gran calado historico, con dosier de servicio y presupuesto tipo, y una estrategia de contenidos en la que el propio trabajo es el mejor material publicitario: el vídeo de un dron limpiando una fachada de ocho plantas explica el servicio mejor que cualquier folleto.